Por: Mónica Rivero y Rafael Arzuaga
Este jueves concluyeron dos jornadas de debates entre los parlamentarios de Cuba que, dispersos en diez comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobadas a mediados de 2013, discutieron y propusieron políticas concernientes a la actualización del modelo económico cubano.
La venta de materiales de la construcción, la entrega de subsidios para reparar viviendas, el mejoramiento de la programación musical de la Televisión Cubana, el perfeccionamiento del sistema penal, la posición de la juventud en el escenario de cambios económicos de la sociedad y la producción de azúcar, entre otros temas, coparon los debates hoy.
Además, los parlamentarios discutieron acerca de las modificaciones al Anteproyecto de Código de Trabajo, propuestas a raíz de la consulta popular del documento, y consideraron un informe de la Contraloría General de la República.
Para el viernes y el sábado fue convocado el II Periodo Ordinario de Sesiones del órgano supremo del poder del Estado, que también acaecerá en el Palacio de Convenciones de La Habana.
JÓVENES, EMPLEO Y CAMBIOS ECONÓMICOS
La mayor parte de los jóvenes cubanos se encuentra hoy insertada en la vida laboral, con un 83,6% como trabajadores estatales. A la vez, conforman el 32% del total de los 444 mil 109 trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Así se informó en la Comisión Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, durante el II Período Ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La intervención de la Viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, complementó la panorámica del empleo juvenil en el país presentada el Centro de Estudios Sobre la Juventud, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud que el centro realiza de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Se conoció que en algunos municipios del país hay una situación tensa en la ubicación laboral de los egresados del sistema de enseñanza. Por otra parte, no en todos los casos se garantiza un empleo que esté en los horizontes de formación del joven.
De hecho, en cuanto a la relación del trabajo con los estudios realizados, se registra que un 68,4% realiza labores que no tienen que ver con lo que estudiaron; 20,1% consideran que los estudios realizados les “sirven bastante”; mientras que solo 9,3% trabaja en lo que estudió o en algo similar.
El sector estatal se manifiesta aún como el de preferencia en el mercado laboral. De manera general, los jóvenes aún sienten inseguridad en torno al empleo, en términos de garantía, condiciones de trabajo y satisfacción de necesidades con ingresos bajos.
Los encuestados identificaron como problema aspectos relativos a las regulaciones y legislación para el trabajo por cuenta propia, el asedio de inspectores y policía, la falta de recursos y de un mercado para obtenerlos. Las condiciones de trabajo tampoco son óptimas en muchos casos; así como el escaso ingreso, el poco tiempo de descanso, las dificultades con el transporte, el fisco, la promoción, etc.
Las autoridades reconocen que la desvinculación no está resuelta, ni la garantía de satisfacción de las necesidades mediante el trabajo. Está pendiente, asimismo, la atención a los jóvenes incorporados al sector no estatal, así como el diseño de una estrategia para atender a los desvinculados y propiciar su incorporación al trabajo. Asciende a 25 mil 430 el número de personas pendientes de ubicar, sin oferta de empleo.
Entre las estrategias que comienzan a implementarse para subsanar irregularidades se cuentan:
- Actualización anual de la demanda de la fuerza de trabajo calificada, como base para la proyección del ingreso a la educación superior y la continuidad de estudios de 9no grado.
- Cubrir la totalidad de las capacidades en las ciencias técnicas, económicas y agropecuarias, para satisfacer la demanda en otras provincias y en cumplimiento de la ley del servicio social se ubicarán fuera de su territorio de residencia.
- Priorizar la formación de obreros calificados en perfiles que permitan laborar tanto en el sector estatal como el no estatal para garantizar la continuidad de estudios a los jóvenes que egresan de 9no grado.
La política de empleo que ha primado en Cuba en las últimas décadas prioriza ese grupo etáreo de la población, con garantías como la preservación del empleo. Actualmente se inserta de manera fundamental en lo dispuesto por los Lineamientos 167 (estímulo a la incorporación al empleo de las personas en condiciones de trabajar), 168 (ampliación del trabajo en el sector no estatal) y 169 (reordenamiento laboral bajo el principio de la idoneidad demostrada).
REVISAN PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Durante 2012 y 2013 ascendió a 860 millones de pesos el monto por subsidios entregados, en Cuba, a personas de bajos ingresos para la construcción y reparación de viviendas, según se supo hoy en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde sesionan las diez comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Grisel Castro, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, reveló que además fueron entregados 1 192 millones de pesos en créditos, destinados al financiamiento de la adquisición de materiales para la construcción, transportación y mano de obra.
Estas erogaciones son parte de un programa previsto para mejorar el estado del fondo habitacional del país y, así, ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de los cubanos, que ha presentado dificultades sobre todo en el funcionamiento de las tiendas y puntos de expendio de los materiales.
En torno a ello discutieron los parlamentarios este jueves y, del mismo modo, debatieron acerca de retrasos en el otorgamiento de los subsidios y créditos, informaciones imprecisas acerca del programa, la baja calidad de algunos materiales, e ilegalidades que desvirtúan los objetivos del programa.
Hubo conceso entre los diputados de la necesidad de aumentar la producción de materiales de construcción en las localidades, a fin de abaratar los costos y aprovechar los recursos aprovechables en ese entorno.
Hizo un aparte la viceministra primera de Comercio Interior, Odalys Escandel, e informó que se prevé rebajar de forma gradual el precio de hasta ocho productos, a partir de enero próximo, afines al programa de ahorro de agua, a partir de la posibilidad de garantizar su permanencia en los puntos de ventas y evitar el acaparamiento por parte de personas inescrupulosas.
Esta medida responderá, además, a la demanda de los productos y las prioridades establecidas en el país, para encontrar soluciones de larga data.
Todo lo anterior lo discutieron los diputados integrantes de las comisiones de Atención a los Servicios, Asuntos Económicos, y la de Industria, Construcción y Energía, que coincidieron en el criterio de que, consulta popular mediante, el programa de venta de materiales tiene aceptación en la población desde su 2011.
LA AZÚCAR TIENE UN MERCADO SEGURO EN CUBA
José Carlos Santos, vicepresidente primero del Grupo Empresarial Azcuba, aseguró que la caña de azúcar es uno de los productos agrícolas más estimulados en la Isla, debido a las condiciones de precio, aseguramiento material y posibilidades de comercio, lo cual incentiva el interés de los agricultores por cosecharla.
Esta producción, que cuenta con un paquete tecnológico asegurado, debe incrementarse para potencias las propias inversiones en el sector, agregó en la Comisión Agroalimentaria, una de las diez comisiones permanentes de trabajo que sesionaron durante miércoles y jueves.
Cuba, en 2012, invirtió 46 millones de dólares en importaciones necesarias para producir caña de azúcar, un número que se quiere disminuir en proporción con el aumento de la producción, que para la zafra del período 2013-2014 se espera llegue a 1 millón 800 mil toneladas.
Para lograr lo que debe constituir un 18 por ciento de incremento con respecto a la cosecha anterior, incidirían el aumento de la capacidad de transportación, la superación técnica de operarios y la adquisición de nuevos equipos que, a su vez, aumentarán la eficacia del proceso agroindustrial.
Otras acciones fueron, también, el incremento de la superficie bajo riego, la explotación de áreas no explotadas anteriormente y el mejoramiento de la atención durante las labores de siembra.
EL VIDEO CLIP EN LA MIRADA CRÍTICA DEL PARLAMENTO
En la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se exigió el examen ético, además de estético de los video clips que proyecta la Televisión Cubana, a propósito de la propuesta de los parlamentarios de actualizar la programación musical, además de para formar el buen gusto y evitar lo chabacano, para incluir la diversidad cultural de cada región y las apetencias de toda la sociedad.
Al respecto, Omar Olazábal, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, declaró que analizar las propuestas audiovisuales de ese corte en el Sistema de Contenidos de la Televisión Nacional, antes de emitirse, será un punto de giro en la dirección que se propone.
Según el dirigente, los videos serán revisados por un grupo integrado por músicos, artistas, expertos de Ciencias Sociales, que velarán porque se integren en una programación que cumpla con su función de instruir y mostrar los verdaderos valores de la sociedad cubana, además de entretener y divertir.
Otro aspecto tratado fue que el avance de la implementación de la televisión digital, ayudará a satisfacer la demanda de un canal especializado en musicales, que hay en Cuba hoy, y el cual, una vez creado, programará sobre todo producciones nacionales, siempre sin ponderar la cantidad en detrimento de la calidad.
Estuvieron presente en el debate representantes de la Asociación Hermanos Saíz y el Instituto Cubano de la Música, para quienes es muy importante, en el empeño de mejorar la calidad del vídeo clip cubano, producir, promocionar e irradiar la música de talentos jóvenes de distintos géneros, cuyos niveles ya están contrastados.
CAMBIARÁ AÚN MÁS GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA HABANA
En el primer trimestre de 2014 se continuará el perfeccionamiento de la transportación de pasajeros en La Habana y, para ello, se implementará un nuevo modelo de gestión, en primer término en las terminales de Guanabo (Municipio Habana del Este) y Santa Amalia (Arroyo Naranjo).
El programa incluye un reordenamiento de la circulación vial en dos corredores de alta afluencia vehicular, en la calzada de 10 de Octubre y la Avenida de Rancho Boyeros, que contempla, entre otras, definir carriles exclusivos para los ómnibus.
Lo anterior fue explicado de modo somero por el viceministro del transporte Eduardo Rodríguez Dávila, quien intervino en la comisión de Atención a los Servicios.
Encauzar adecuadamente el servicio, deteriorado por falta de ómnibus e incidencias negativas de índoles diversas, es el propósito del nuevo modelo de gestión, con el cual se espera también lograr mayor racionalidad y eficiencia en el uso del presupuesto que asigna el Estado para ese menester.
Una de las particularidades novedosas será que los ómnibus tendrán tripulación fija y se encargarán ellos mismos de hacer la recaudación, y, otra, que prestarán servicio con el sistema de monitoreo, GPS, para lograr un mayor cumplimento de los itinerarios.
VALORAN NUEVA NORMA PENAL
El perfeccionamiento del sistema penal cubano, con la implementación y aplicación del Decreto Ley 310, de 2013,centró los debates sostenidos en la mañana de hoy, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Autoridades del Tribunal Supremo Popular (TS), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Fiscalía General de la República (FGR), explicaron a los diputados las ventajas, beneficios y deficiencias comprobadas durante los casi dos meses que lleva en vigor la nueva norma.
Oscar Manuel Silvera Martínez, vicepresidente del TSP, explicó que se amplió la competencia de los tribunales municipales, para asumir tipicidades delictivas previstas con sanciones de hasta ocho años de privación de libertad, o multas de hasta mil cuotas, o ambas.
Igualmente, aumentan las facultades de la PNR y en la Fiscalía, para aplicar el artículo 8.3 del citado Decreto Ley, que permite no imponer sanción cuando el delito sea de escasa peligrosidad, y haya el compromiso real de resarcir el daño, o lo que es lo mismo, cumplir con la responsabilidad civil que corresponda.
Con ello se busca, dijo, solucionar casos por vía expedita y menos gravosa, y que la administración de justicia se concentre en asuntos graves.
Silvera Martínez resaltó que las recientes modificaciones son resultado de los debates, análisis y constantes intercambios entre todas las entidades encargadas de administrar e impartir justicia, para armonizar conceptos.
El teniente coronel Raúl Mora, director jurídico del Ministerio del Interior, se refirió a la preparación que ha acompañado la implementación y ejecución del Decreto Ley 310, y a la transformación ejecutada en el sistema de enfrentamiento jurídico-penal de ese organismo.
Precisó que es necesario agotar las acciones investigativas y diligencias de instrucción, con objetividad, para la debida comprobación del hecho, y determinar su escasa peligrosidad y connotación.
Insistió en la exigencia de respetar y cumplir las garantías procesales del acusado, y en el deber de darle tratamiento diferenciado a cada infractor en un caso en el que actúen varios comisores del delito.
Rafael Pino Bécquer, vicefiscal general de la República, calificó el Decreto Ley 310 como “norma sui géneris”, y explicó algunas de las deficiencias cometidas en su aplicación, por ejemplo, la imposición incorrecta de la cuantía de las multas.
También comentó sobre las ventajas y beneficios que representan estas modificaciones en relación con el derecho de los internos, y el aumento de la celeridad en las decisiones judiciales.
Reconoció la conveniencia de continuar perfeccionando la norma, toda vez que sirve de base para la formulación y aprobación del nuevo Código Penal y su Ley Procesal.
Aprovechó para informar sobe la ejecución del Decreto Ley 313, sobre el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles ocupados en el proceso penal.
Especificó cuándo se debe indemnizar, o es una obligación devolver lo confiscado, y aclaró que no deben ser ocupados si no guardan relación con el delito, aunque -insistió- la política de sanción es desposeer a las personas de los bienes mal habidos.
Fuente: CUBADEBATE,(Con información de la AIN)
