La dictadura vuelve ante los tribunales argentinos

Unos 68 acusados se sentarán en el banquillo de la justicia argentina a partir del próximo miércoles, en una nueva fase de la “megacausa” por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina.

El juicio, que podría prolongarse hasta por dos años, incluye por primera vez el procesamiento de seis tripulantes de los llamados “vuelos de la muerte”, informaron fuentes judiciales.

El proceso abarca los casos de 789 víctimas de la ESMA, el mayor centro de detención clandestino del país durante la ultima dictadura (19876-1983), y prevé la declaración de unos 900 testigos.

Entre los 68 acusados figuran Jorge Eduardo Acosta, ex capitán de fragata, ex jefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; el ex capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y el ex capitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel Rubio” o el “Ángel de la muerte”.

Además se procesará a los civiles Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, integrante del grupo de Tareas de la ESMA y defensor de represores, y al economista Juan Ernesto Alemann, ex funcionario acusado de torturas.

El proceso juzgará, entre otros, el secuestro y desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, presuntamente asesinada por Astiz, y de la dirigente de los Montoneros Norma Arrostito.

La segunda fase de la “megacausa” de la ESMA, el mayor juicio abierto en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, concluyó en octubre del pasado año con 16 condenados tras escuchar a unos 180 testigos.

En conjunto, la “megacausa”, que se hizo posible tras la derogación de “las leyes del perdón” en 2003, se compone de nueve procesos judiciales por crímenes cometidos en la cárcel clandestina, por donde llegaron a pasar hasta 5.000 víctimas de la represión militar, según organizaciones de Derechos Humanos.

En el primer juicio, en 2007, no se llegó a dictar sentencia porque el acusado, el prefecto Héctor Febres, quien se desempeñaba como jefe de la maternidad de la cárcel clandestina, murió envenenado con cianuro en la dependencia donde estaba detenido.

Fuente: CUBADEBATE,(Con información de EFE)