El debate parlamentario del pasado jueves sobre el caso Bárcenas cerró el curso político solo a medias. No lo hizo para el PSOE y el resto de la oposición, que ven en la intervención de Mariano Rajoy solo un punto y seguido en la gestión del escándalo del extesorero del PP. Y tampoco lo cerró para el partido mayoritario. A pesar de que el Gobierno da públicamente el asunto por zanjado, desde la Audiencia Nacional y, sobre todo, desde la cárcel de Soto Real puede ser condicionada la agenda política del PP y del Ejecutivo.
Para empezar, los días 13 y 14 de agosto declararán como testigos María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, y en la segunda quincena del mes volverá el debate a la diputación permanente del Congreso. El laberinto en el que Luis Bárcenas ha sumido a Rajoy lastra, de manera directa o por sus consecuencias políticas, una legislatura que aún no ha llegado a su ecuador.
Así lo interpretan desde la dirección del PSOE. Rajoy salió tocado de un debate que demostró que el Ejecutivo pende de un solo hilo, el de la mayoría absoluta. Se trata de una base muy sólida y, sin embargo, esta circunstancia puede convertirse en una carrera de obstáculos para afrontar más de dos años de legislatura sin acuerdos parlamentarios. Incluso en las filas populares, que vivieron la intervención del presidente como una liberación, saben que Bárcenas seguirá ensombreciendo la actividad de gobierno. Como apuntó Alfredo Pérez Rubalcaba en el último comité federal de los socialistas, Rajoy tiene tres volcanes en erupción: el político, el territorial y el económico y social.
EL FRENTE POLÍTICO
Pender de un hilo
Todos asumen que el próximo curso político el diálogo entre las principales formaciones será extremadamente complicado. El Gobierno tiene a toda la oposición enfrente y tiene complicado tejer complicidades con otros grupos. Ha quedado claro que el pleno extraordinario de esta semana no ha desactivado ni la moción de censura que planteó el PSOE ni las iniciativas parlamentarias de otras fuerzas. La “estabilidad política” a la que apeló la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros, solo depende, por tanto, de la cantidad. Esto es, de la mayoría absoluta.
La única excepción es CiU. Josep Antoni Duran Lleida es uno de los líderes que se han mostrado más comprensivos con la situación que vive Rajoy por Bárcenas. No obstante, las relaciones con el Ejecutivo de su formación, que vive su propio caso de corrupción, pueden tensarse a partir de la Diada del 11 de septiembre con nuevos desafíos soberanistas de Artur Mas.
Todos en el Gobierno y en la dirección del PP están pendientes además de lo que pueda declarar Bárcenas al juez Pablo Ruz. Las acusaciones del antiguo responsable de finanzas llevan desde el pasado enero amenazando a los populares, pero esa nube negra persigue a sus principales dirigentes con más fuerza desde su ingreso en prisión el pasado 27 de junio. Por esta razón nadie en la oposición consideró suficientes las explicaciones de Rajoy, sobre todo con relación a los contactos mantenidos con el extesorero vía SMS incluso después de se conocieran sus cuentas no declaradas en Suiza.
Algo parecido opina la prensa internacional. El semanario británico The Economist afirmó sin medias tintas: “Rajoy se aferra a su puesto de trabajo”. El análisis de la BBC subraya que la mayoría de españoles ya dudaban de Rajoy antes, y que esta comparecencia resulta insuficiente para ganar la partida de la confianza. La agencia Reuters, en una dura crónica, señala que “sus explicaciones de una hora de duración en una esperadísima comparecencia en sede parlamentaria no convencieron” a la mayoría, y recuerda que “la desconfianza creciente ante la clase política y los casos de corrupción que han sacudido la vida pública española han llevado al PP a caer vertiginosamente en los sondeos de intención de voto”.
Ante este panorama, el PSOE mantendrá la ruptura de relaciones, pero no quiere que esto afecte a las instituciones. Por tanto, buscará, por ejemplo, una fórmula para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque el Ejecutivo aprobará en solitario la ley que cambia totalmente el órgano de gobierno de los jueces.
El caso Bárcenas, además, ha puesto de manifiesto otro de los puntos débiles de Rajoy: la credibilidad. Como en una especie de carné de conducir, el presidente del Gobierno ha ido perdiendo los puntos de los que debe echar mano cuando más los necesite.
Los incumplimientos del programa electoral, las promesas sobre los impuestos luego superadas y los trompicones en las explicaciones sobre el escándalo del antiguo responsable de finanzas del PP, entre otras, han terminado por dejar al presidente sin apenas puntos de credibilidad. Las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS muestran desde hace meses esa caída de la confianza en el presidente, lo que ha dado pie a una situación potencialmente paradójica: que se crea más a Bárcenas, quien puede mentir como imputado, que al propio jefe del Gobierno.
Las referencias de Rajoy a su honradez o la negación de la financiación ilegal y los sobresueldos quedan debilitadas por esa falta de credibilidad. Con ese lastre tendrá que cargar en la segunda parte de la legislatura ante problemas como el soberanismo en Cataluña. A este respecto, incluso en el PP existen corrientes subterráneas que podrían convertirse en otro obstáculo. El amago de José María Aznar y algunos gestos de Esperanza Aguirre muestran que hay un PP sin respaldo entre los dirigentes, pero que sintoniza con las bases en algunas propuestas, como la política fiscal.
Agrava la situación la crisis institucional que avanza en los últimos años y que ya afecta también a un presidente del Tribunal Constitucional en entredicho. En el fragor del debate del jueves sobre Bárcenas pasó inadvertido que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, lanzó una dura andanada desde la tribuna contra Francisco Pérez de los Cobos, poniendo en cuestión la cabeza de la institución que debería ejercer como árbitro en el cumplimiento de la Constitución.
EL FRENTE TERRITORIAL
Esperando a la Diada
El volcán territorial está preparando la erupción. En septiembre se celebrará la Diada de Cataluña y, previsiblemente, la mayor exaltación de los planes soberanistas de Mas. Rajoy no ha respondido aún a la carta del presidente de la Generalitat, pero es evidente que rechazará la consulta, lo que abrirá una nueva confrontación. Si no hay acuerdo de base debería haber negociación, pero La Moncloa sostiene que no habrá margen, porque no acepta bajo ningún concepto la consulta y tampoco ve posible un pacto fiscal.
Santamaría habla de estabilidad, pero Rajoy tendrá que hacer frente a esa ofensiva con la debilidad política que tiene en este momento y con dificultades para buscar complicidades. No las tiene ni con sus barones, según se vio en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muchos, además, empiezan a escenificar desencuentros con el Gobierno para el final de sus legislaturas. Y en los próximos meses debe empezar la negociación del sistema de financiación autonómica, cuya vigencia caduca el próximo año. Esa negociación no suele ser pacífica y menos si hay elecciones autonómicas a la vista y si, como ocurre ahora, no hay mucho margen presupuestario para el acuerdo.
A este respecto, la rebelión de la Comunidad de Madrid, la joya de la corona del PP, parece incluso más grave dentro del partido que los constantes encontronazos con José Antonio Monago. Al final, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consiguió aplacar al presidente extremeño y hasta le concedió un techo de déficit para 2013 del 1%, mayor que el 0,69% de 2012 y, sobre todo, en contra del criterio general. Esta decisión desató un sentimiento de agravio y, junto con el trato concedido a Cataluña, recrudeció la tirantez en las relaciones con el Ejecutivo de Ignacio González. Este decidió oponerse no solo al objetivo de déficit a la carta acordado en el CPFF, sino también a la senda prevista los próximos años. Y lo hizo horas después de recibir una amenaza del propio Montoro, que en la previa de la reunión había advertido al consejero madrileño, Enrique Ossorio, de que, si se niegan a recuperar el impuesto de Patrimonio eliminado hace años por Esperanza Aguirre, deberán atenerse a las consecuencias.
EL FRENTE ECONÓMICO
Examen en septiembre
El Gobierno habla de recuperación, y de algo parecido a lo que fueron los brotes verdes para José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales dirigentes del PP esgrimen en cada comparecencia la mejora de los datos de paro de los últimos meses y el superávit comercial. Aun así, el momento de medir esa supuesta recuperación será otoño, cuando la cifra de empleo no esté condicionada como ahora por la estacionalidad de una temporada turística excepcionalmente buena.
Las previsiones del FMI no han sido buenas y, en el ámbito social, en septiembre se notará el efecto de la reducción de becas y la subida de tasas universitarias. Rajoy tienen todos los frentes abiertos y, pese a poseer la mayoría suficiente para afrontarlos, también se enfrentará a las dificultades y a la soledad a las que Luis Bárcenas está condenando al Gobierno.
Fuente: CUBADEBATE,(Con información de El País)
